INFORME ESPECIAL  

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - SEXTA ENTREGA

60 años
Jirones de una historia para armar

EL GRAN COMBATE LA LARGA LUCHA CONTRA EL GERENCIAMIENTO

No cabe duda, que dentro de las luchas que el Consejo de Médicos debió afrontar en defensa de sus matriculados y de la sociedad, está la oposición tenaz contra la política de gerenciamiento, adoptada por el gobierno provincial, para su aplicación en la obra social provincial y con fundamentos similares en el orden nacional en el PAMI.  La lucha llevó tres largos años de enfrentamiento que implicaron fundamentaciones, reclamos, denuncias, recurrencia a la Justicia e incluso una marcha inédita de los médicos  que escondieron sus rostros con el del Dr. Favaloro, como símbolo. Una marcha de muchos Favaloros, con su consigna: los médicos somos los mendigos de un sistema de salud injusto. Pero también, esa lucha significó, hacia adentro del Consejo, el desvío de posiciones históricas y como réplica,  la irrupción  de una nueva dirigencia, que retomaba las banderas de la salud como un derecho, la resistencia de su conversión en una mercancía, el rechazo a continuar siendo, junto a los pacientes, rehenes del sistema de salud impuesto. En esta edición, trataremos de presentar su secuencia, como un jirón de la historia de estos 60 años de vida institucional. (Luis E. Rodeiro).
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Los prolegómenos
   En 1987, se realizan las elecciones para la consagración de delegados en los distintos distritos provinciales. El candidato de la conducción, que había dirigido a la institución durante tres periodos encabezada por el Dr. Albero Sassatelli, fue el Dr. Héctor A. Villafañe, quien durante esos años se había desempeñado como presidente de la Comisión de Especialidades y como presidente del Consejo de Delegados. Entre sus antecedentes figuraba haber ocupado la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco y la dirección del Hospital Regional J.B. Iturraspe. Se presentan tres listas y votan 6.291 matriculados sobre un padrón de 11.738. La Asamblea de Delegados(1) lo elige como presidente para el periodo 1987-1990 por una holgada mayoría. Villafañe es acompañado en la Junta Directiva, por los Dres. Horacio Sessarego, como vice; Eduardo Ruibal, como secretario y Juan Carlos García, como tesorero. El Dr. Gerardo Claría Olmedo, es el primer vocal suplente, el Dr. José Zacarías, como segundo suplente, en tanto que los Dres. Gilberto Chiotti, Enzo Bentatti y Hugo Frey, como vocales suplentes.
   En sus primeras declaraciones, Villafañe hace mención a que les toca asumir en un momento muy especial. “Desgraciadamente, desde hace un tiempo ya, los criterios exclusivamente económicos han prevalecido en las políticas de salud, determinando una realidad donde el médico se siente aislado, en tanto que los pacientes se sienten desprotegidos”. Es decir, hace profesión de fe en lo que ha sido la idea fuerza del Consejo, desde su creación. Y añade, “que debemos actuar en esa realidad”, aclarando que “no se trata, porque no es su función, que debamos gremializar al Consejo, pero tampoco ignorar el contexto donde debemos actuar". Y en una segunda aclaración, afirma que “no hemos sido designados para confrontar sino para buscar caminos de diálogo”(2).
   En la entrevista mencionada realiza un agradecimiento al Dr. Sassatelli, su antecesor, en la que afirma “que al igual que la peor de las profecías muchos me recomendaron que lo negara en aras de una supuesta victoria personal. Quienes así lo hicieron o al menos algunos de ellos pensaban que me brindaban el mejor de los consejos. No pudieron percibir, que de haberles hecho caso, hubiese quedado severamente mutilado en los más profundo de mis convicciones, lo que para mí sería la peor de las derrotas”.
   En la edición Nº29 de ETHICA, correspondiente a los meses de marzo-abril de 1998, la revista presenta un Informe Especial sobre El Ejercicio profesional desde las condiciones económica, donde participan el Dr. Enrique Borrini, ministro de Salud de la Provincia; el Dr. Isaac Moncarz, ex presidente de la COMRA y miembro del Comité Editorial de la revista institucional; los Dres. Gilberto Chiotti(3) y Horacio Presta, que la publicación presenta como profesionales que se desempeñan en la actividad privada y el propio Dr. Villafañe, a través de la reproducción de un artículo publicado en el diario La Voz del Interior, titulado como Barajar y dar de nuevo.
   Nos detenemos en estos dos últimos aportes, porque –contradictoriamente- son representativos de estos prolegómenos, que van a desembocar en el proyecto de gerenciamiento, puesto en marcha con posterioridad.
   Villafañe, en su análisis, subraya que el avance de la medicina, con sus incesantes innovaciones tecnológicas ha dado mayor seguridad al diagnóstico y a los tratamientos, pero también le ha impuesto un alto costo a la práctica médica. “De este modo, la atención de la enfermedad se ha convertido en un mercado apetecible para los grandes capitales, únicos con capacidad de altas inversiones, con posibilidades de recuperación rápida de ganancias importantes”, afirmación que seguramente compartirían las distintas conducciones del Consejo que lo precedieron. 
   En cambio, la visión de Chiotti y Presta, marca algunas diferencias que luego se convertirán en el eje del proyecto de privatización de las grandes obras sociales, como el  PAMI a nivel nacional y, en nuestro caso, eI IPAM(4)), ahora ya con el manifiesto apoyo del Dr. Villafañe. Parten de la premisa común del estado caótico de la salud. No lo atribuyen a una “ineficiente asignación de los recursos”, sino a una enfermedad que llaman sistemitis. Y expresan su optimismo porque las situaciones de crisis son “una oportunidad”, porque la mayoría de los profesionales de la salud y la sociedad pretenden “cambios” que superen esta enfermedad y porque existen “alternativas válidas para enfrentar la sistemitis”. No avanzan, aunque se sienten tentados –reconocen- en explayarse más sobre esas propuestas, porque creen que escapan al objetivo de la publicación. La propuesta está en ciernes.

1. La asamblea se reunió el 29 de noviembre  de 1997.
2. Revista ETHICA Nº 28, diciembre de 1997. Las palabras resaltadas son del editor.
3. Vocal Suplente de La Junta Directiva
4. La obra social IPAM fue creada en 1972, con el aporte previo y solidario de los trabajadores del Estado, durante 9 meses.

 

 

El proyecto de un Sistema Provincial de Atención Médica (o gerenciamiento)
   En la edición siguiente de la revista ETHICA(5), sólo algunos meses después, correspondiente a los meses de mayo-junio, la Junta Directiva publica en separata lo que denomina como anteproyecto de un Sistema Provincial de Salud. La presentación está cargo del presidente, Dr. Héctor Villafañe, quien afirma que el documento elaborado por el Centro de Estudio de Recursos en Salud (CERSA)(6) se pone a debate, con el convencimiento “de que su puesta en marcha ofrecerá una mejor cobertura de salud a la sociedad en su conjunto, asegurando acceso y libertad de elección, a la par que ofrecerá la posibilidad de un ejercicio profesional más digno en todos sus aspectos”.
   Villafañe adelanta lo que considera “la base de la alternativa que proponemos”, que se “funda en la organización de los prestadores en redes integradas por niveles de complejidad creciente”, en decir lo que se identifica como el centro del gerenciamiento. El documento pasa revista a una síntesis de la situación actual, al rol del CMPC, un diagnóstico de situación, el análisis de las tendencias y la alternativa propuesta.
En este último ítem, se especifica el cómo hacerlo: 

  • Considerar la existencia de contrataciones por parte de los financiadores con entidades gerenciadoras.

  • Se considera que los prestadores (entidades sanatoriales y profesionales de la salud) deben desempeñar un rol importante en la conformación de estas entidades.

  • La modalidad de pago se realiza por “capitación”.

  • Organización de los prestadores en “redes integradas” por niveles de complejidad creciente.

  • La existencia de dos o más redes, que cubran todas las prestaciones de la Provincia,

  • Libre elección, tanto de los prestadores como de los usuarios.

  • La obra social provincial IPAM, que tiene aproximadamente 500.000 afiliados debe ser el eje de del Sistema.

5. ETHICA Nº 30, mayo/junio.
6. En la estructura inicial que pone en marcha la nueva junta, el CERSA sería conducido por el presidente saliente Dr. Alberto Sassatelli, según su propio testimonio que aparecerá  en la última entrega de esta historia, junto a los de los ex presidentes que permanecen vivos en la actualidad. Pero quien se hace cargo no es Sassatelli, sino –precisamente- el Dr. Chiotti, que se convierte en el principal vocero del Proyecto.

El anteproyecto que fue proyecto
Cómo, por qué, este anteproyecto se convierte en proyecto, desviándose  de las posiciones históricas del CMPC, es un enigma sin respuesta. Unos pocos meses después, la Junta Directiva logra  reunir en Córdoba, al Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), para tratar como tema central la propuesta de gerenciamiento. Se reúne el 21 de agosto de 1998, solo meses después de su presentación oficial. Están presentes los miembros de la organización nacional, con el Dr. Rubén Tucci, presidente, y el secretario Dr. Isidoro Knopoff, junto a los delegados de cada provincia adherida. El Dr. Viilafañe actúa como coordinador del debate, con una amplia presentación del Dr. Gilberto Chiotti, como principal promotor del anteproyecto, con el apoyo de los Dres. Kustich, Alonso y Acevedo, presentados como integrantes del grupo autor del mismo.
Según la información de Junta que se envía a la Revista ETHICA(7) para su publicación, se logra un fuerte respaldo del Confemeco y el compromiso de impulsarlo a nivel nacional, en tanto que se analizaron tácticas comunes, para llegar al poder legislativo, autoridades del sector salud, acelerando su implantación en aquellas provincias más accesibles a la idea. 
El anteproyecto se termina de conformar como proyecto, cuando el entonces candidato a gobernador por Unión por Córdoba, el Dr. José Manuel De la Sota, que se enfrenta electoralmente con el Dr. Ramón Mestre, quien era candidato a la reelección, anuncia y difunde que su política de salud, en caso de ser elegido, es llevar a cabo lo que identifica como la propuesta de un Sistema Integrado de Salud del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
1998, es un año particularmente convulsionado por el duro enfrentamiento entre las gremiales hospitalarias y el gobierno, que llega a su punto máximo, precisamente en el contexto de ese proceso preelectoral. Hay paros, manifestaciones masivas, movilizaciones por sectores, motivados en la resistencia a las reformas en el sector salud, que son presentadas como una tarea de disciplinamiento y de ajuste, sin diálogo, que incluye cesantías, cierre y desalojo de hospitales y traslado de la atención primaria a las municipalidades sin fondos para sustentarla. De esta manera, el tema salud, pasa a ser un eje central de la contienda electoral. El 20 de diciembre, De la Sota gana la elección, pero se hará cargo del gobierno recién en julio de 1999, entretanto el gobernador Mestre prosigue con su política de “shock”, acusando a los profesionales de la salud como “vagos y  corruptos” y desalojando violentamente el Hospital Misericordia.
La Junta Directiva, encabezada por Villafañe,  publica una breve solicitada en La Voz del Interior, que titula La Hora de la Prudencia(8), donde rechaza la metodología ejercida absurdamente contra colegas médicos y personal de salud. “Ninguna política de salud justifica los hechos acaecidos”. Y señala que “la provincia vive un momento institucional que requiere de prudencia y  racionalidad de parte de todos los sectores de la comunidad”. A su vez, en la página editorial, de la edición 31 de ETHICA, en una de las escasas referencias al conflicto, rechaza el agravio generalizado y sostiene “que los médicos de los hospitales públicos no son en general ni vagos ni corruptos”.
Por su parte, De la Sota no solo asume como propio el proyecto del CMPC, sino también las reivindicaciones de las gremiales hospitalarias, prometiendo dar marcha atrás a todo lo realizado por Mestre, en materia de salud. El 12 de julio asume como gobernador y además de ratificar que su plan de Salud es el proyecto del CMPC, designa como su Ministro de Salud, precisamente a su presidente, el Dr. Villafañe, e incorpora al Dr. Chiotti y al Dr. Quiroga como asesores y al Dr. Bentatti, como presidente del IPAM. Todos con cargos importantes en el CMPC hasta ese momento.
   En la primera quincena de julio, ya designado Villafañe como ministro, presenta su renuncia como presidente de la institución y asume provisoriamente hasta terminar su mandato, quien fuera su vicepresidente, el Dr. Horacio Sessarego. En sus primeras declaraciones, declara que “ciertamente, estamos frente a una coyuntura particular que suele presentarse en la vida de las instituciones. El Consejo, a través de su Junta Directiva, la vive sin traumas, de una manera normal”.
   Con respecto al anteproyecto del CMPC que se convierte en el proyecto del gobernador para el sector salud, Sessarego afirma que como Junta Directiva “nos congratula que la idea sembrada haya germinado en una política concreta y le deseamos al Dr. Villafañe y su equipo lo mejor”. Pero aclara que ellono significa que el Consejo de Médicos se haya hecho cargo del Ministerio de Salud y, por tanto, debe quedar claro, que no es el responsable de su instrumentación”(9). Los caminos, aunque levemente, comienzan a bifurcarse. 

7. ETHICA Nº ETHICA Nº2, septiembre/ octubre 1998.
8. La Voz del Interior, 9 de febrero de 1999, que se reproduce en la Revista ETHICA Nº34.
9. Revista ETHICA Nº 36, agosto de 1999.

 

 

Algo se mueve afuera y adentro del CMPC
Si bien, las aguas se tranquilizan de algún modo en el sector salud, con la vuelta atrás de la política de Mestre y la designación de algunos de los líderes del gremialismo hospitalario enfrentados con dicha política, en su flamante gobierno. Como un nuevo capítulo de los enfrentamientos, comienza a surgir el Foro de Especialidades Médicas, uno de los intentos más serios de organización gremial,  que pone en duda las bondades del proyecto CMPC-Gobierno, de gerenciamiento en la obra social IPAM. A través de su accionar, el Foro se pone al frente de la oposición al plan que se intenta llevar a cabo y produce ruido, tanto hacia afuera como hacia adentro de la institución.
En el número siguiente de la revista institucional que da a conocer las primeras declaraciones del nuevo presidente del CMPC, se publica un informe especial que se  titula Luces y sombras del gerenciamiento en salud, con distintas opiniones, donde se advierte un cambio, todavía sutil, de la institución contra su propio proyecto, asumido sólo como anteproyecto por la conducción. Allí, la Junta Directiva, reconoce que según las experiencias recogidas, “tanto en el país como a nivel internacional, el gerenciamiento no ha sido por lo general positivo. Y agrega, tomando distancia, “que esta realidad del papel desempeñado por muchas gerenciadoras, ha llenado de dudas a los profesionales de la salud y sus posiciones críticas de manifestaron abiertamente en la etapa de debate de ese anteproyecto”. Y lo fundamenta con algunas de las objeciones del Foro de Especialistas, si bien algo más atenuada, señalando que se corre el riesgo de abrir las puertas a concepciones que consideran a la salud como una mera mercancía, sujeta a las veces despiadada reglas del mercado”.
Pero va más allá todavía, afirmando que de esta manera, “la gerenciadora” se ha convertido, “en una palabra peligrosa para los prestadores de servicios médicos y para la sociedad en su conjunto”(10).
El Foro de Especialidades Médicas, cuyo presidente entonces es el Dr. Mario Daniel Fernández, hace suya una convocatoria que el Defensor del Pueblo a una Audiencia Pública, que incluye no sólo a las instituciones médicas, sino también a legisladores, dirigentes gremiales y políticos para tratar  la reforma en la obra social provincial(11). El Consejo participa con la presencia de toda su Junta Directiva y es su presidente, quien fija la posición de la institución.
Por un lado, se queja de la falta de diálogo con las instituciones médicas y el hermetismo en torno a las medidas concretas con respecto al IPAM y ratifica lo manifestado en la entrevista mencionada, en cuanto al riesgo que implica el gerenciamiento con base en las experiencias “negativas y frustrantes”. Es evidente, que a partir de los hechos motivados por las críticas de muchos colegas, la Junta Directiva comienza a virar de posición. El tema del gerenciamiento, se vuelve el centro del debate que preocupa a la conducción institucional, tanto que publica un nuevo informe que se presenta como Todas las preguntas y todas las respuestas sobre la relación del Consejo de Médicos y la actual política de salud, reafirmando que sólo era un anteproyecto en discusión. 
El 12 de abril, la Junta Directiva llama a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Delegados de Distritos, que concluye con un documento donde el CMPC  vuelve a ratificar su preocupación por las consecuencias del gerenciamiento y señala algunos problemas concretos que se presentan en la instrumentación del proyecto de reforma. En la misma reunión se decide el envío de una carta al Ministro –el ex presidente de la institución-  donde se manifiesta “que ante la toma de conocimiento que diversas entidades que se ofrecen como prestadoras de servicios médicos, están realizando contrataciones… (El Consejo de Médicos) ejercerá el derecho a la visación e inspección de dichos contratos. Con el mismo tenor, el 13 de marzo, publica una solicitada en La Voz del Interior. Las cosas han tomado un nuevo giro. El documento completo de la Asamblea se publica en el mismo diario, el 19 de abril, junto a una Carta Abierta al Gobernador, reclamando diálogo directo en función de un consenso que se plantea como indispensable. El texto incluye fuertes críticas, como la afirmación de que las reformas en el IPAM significarían “una rendición a los criterios economicistas… que traería como consecuencia la exclusión, la desjerarquización, la burocratización y la precarización de los profesionales de la salud”. Simultáneamente, el Foro de Entidades Médicas, con la firma de alrededor de 15 asociaciones que lo integran, también en solicitada, expresa su adhesión a lo resuelto por la Asamblea del CMPC(12).

 

10. El Documento completo en ETHICA Nº 37, noviembre 1998.
11. Audiencia se realiza el 22 de febrero del 2.000, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, con un auditorio colmado donde surge una Coordinadora en Defensa del IPAM.

12. ETHICA Nº39, mayo del 2000.

 

 

Las elecciones internas traen nuevos aires
En ese contexto, entre la lucha contra el plan de ajuste del gobierno anterior y las reacciones contra el plan de gerenciamiento del nuevo gobierno, el Consejo de Médicos debe convocar a elección de delegados, que serán los encargados de elegir a la Junta Directiva, para el periodo 2000-2003. El Foro de Especialidades Médica, si bien no oficialmente, está presente a través de distintos dirigentes de las asociaciones médicas que lo integran. La lista se presenta en todos los distritos, con el respaldo de su lucha gremial contra la reforma del IPAM, ganando holgadamente la elección celebrada el 7 de octubre del 2000.
El 25 de noviembre, la Asamblea de Delegados elige a la nueva Junta Directiva, que queda integrada por Mario Daniel Fernández, hasta ese momento al frente del Foro de Especialidades, como presidente; Rubén Spizzirri, como vice; Andrés de León ocupa la secretaría, en tanto que como tesorero es designado Raúl Armando, Catalina Firley y Diego Bernard son los vocales titulares. Como suplentes, la Asamblea elige a los dres Horacio Paolazzo, Hugo Lohaiza y Eduardo Sacripanti. Como presidente del Consejo de Delegados se desempeñará Dante Pesenti y como secretario Norcelo Cardozo. A su vez, el Dr. Héctor Rolando Oviedo, queda al frente del Foro de Especialidades.
Es interesante detenerse un momento en la asunción de la nueva Directiva. En el Auditorio de la sede de calle Obispo Trejo, colmado, se espera con expectativa los discursos, tanto del presidente que se despide como del nuevo presidente. Sessarego afirma “que no ha sido fácil, quizás nunca sea fácil. Pero, particularmente, nos tocó hacernos cargo en un momento especial de la vida del Consejo, en un contexto harto difícil. No sólo para el médico, sino para los ciudadanos en general. En una coyuntura de cambios, muchas veces impuestos, desde los grandes centros del poder económico, que indudablemente afectan la actividad profesional. En un mundo donde la medicina progresa y triunfa, la figura del médico y su proyección social se debilita, aparece como difusa, sujeta en muchos casos a condiciones indignas”. Es evidente que el CMPC, a través de su presidente saliente, retoma su discurso histórico. Y asume el cambio de rumbo, tras escuchar a los colegas, para fijar una posición firmemente crítica sobre las políticas basadas en el gerenciamiento privado. Y concluye deseando a las nuevas autoridades éxitos, “que puedan avanzar, mucho más que nosotros, en la defensa de una concepción de salud al servicio de todos (…)”.
Por su parte, Fernández también reconoce que el desafío es inmenso: “Los sistemas de salud, en general, están en crisis, y los médicos devaluados en su dignidad”. Y, señala, que “una concepción puramente economicista de la medicina avanza en el país y en el mundo globalizado donde nos ha tocado vivir”.
Como en los orígenes del CMPC, que sus dirigentes provenían de la lucha sindical, en esta oportunidad la historia se repite y Fernández sale al cruce del temor de algunos matriculados de que el Consejo se convierta en una estructura gremial, les dice: “Nadie ignora que muchos de los que integramos la nueva Junta Directiva, venimos de una rica experiencia de lucha gremial. Ello, por cierto, nos enorgullece. Somos plenamente conscientes de las funciones que ahora nos toca desempeñar”. Y remata afirmando: No teman los temerosos, que no hay ni habrá confusión. Pero aclara, que no les alienta una concepción administrativa o burocrática de la acción del Consejo. “Estamos dispuestos a ejercer en plenitud todas las facultades que la ley le otorga, sin renunciar a nada de lo que por derecho nos corresponda”.

 


El objetivo central: resistir el proyecto de gerenciamiento
A pocos días de asumir, la Junta Directiva, con la firma de los Dres. Mario Daniel Fernández y Andrés de León, como presidente y secretario respectivamente, envían sendas cartas abiertas dirigidas al Gobernador y a su Ministro de Salud, con fecha 11 de diciembre del 2000.
En la primera de ellas, se señala que la adjudicación al CMPC del diseño del nuevo sistema de salud puesto en práctica en el IPAM, por parte del Dr. De la Sota, el 5 de diciembre, es la reiteración de un error, que se repite y que la institución ha aclarado en distintas oportunidades, citando cada uno de los documentos aclaratorios. Entre ellos, la decisión de la Asamblea de Delegados, órgano máximo de conducción, en un comunicado dirigido a las autoridades provinciales, a la opinión pública y a todos los colegas, en el que “advertía  una vez más, sobre las consecuencias de las políticas en curso en el área de Salud y las reformas llevadas a cabo en la obra social IPAM". En dicha oportunidad se señalaba expresamente "que la política puesta en marcha dejaría atrás el concepto ético de la medicina como bien social para convertirla en una pura mercancía", que se "desconocía el pensamiento generalizado de los profesionales" y que "su implementación traería como consecuencia la exclusión, la desjerarquización, la burocratización y la precarización de los profesionales de la salud".
En la nota dirigida al Ministro fija posición y solicita audiencia, como nuevas autoridades del CMPC, a fin analizar la situación actual de los profesionales médicos. Fernández y de León, en función de los objetivos de la institución, expresan que se desea establecer un fluido contacto con el Ministerio a su cargo, transformando en acciones concretas y respuestas frente a la crisis, el rol que la ley ha asignado a este Consejo. Precisamente, dicha crisis, a la que se suman noticias y trascendidos que crean un evidente “estado de zozobra y desesperanza a los médicos que no encuentran respuestas ante la reiteración y prolongación de situaciones que afectan el decoro, la dignidad y la independencia profesional”. Y la nota se  refiere concretamente a hechos “como la demora en los pagos del IPAM, la posibilidad no desmentida de que el IPAM ofrezca el pago de su deuda en cuotas y con quitas, la rebaja presupuestaria, los reclamos por falta de insumos en hospitales públicos, los conflictos que a repetición se plantean en los mismos hospitales del estado, etcétera.
El CMPC reclama, a su vez, la participación activa en el control y seguimiento de la labor desarrollada por las Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (U.G.P.S.) adjudicatarias del nuevo sistema prestacional aprobado para el IPAM, como en la definición de las soluciones a brindar al hospital público. En la nota ratifica, que continuará la visación  de los contratos de trabajo entre profesionales médicos, entidades y establecimientos sanitarios. 
El 4 de enero del 2001, veinte días después, la Junta Directiva envía un nuevo informe al Ministro Villafañe, para dar cuenta del funcionamiento anómalo del Organismo de Control de Calidad de las Prestaciones del IPAM, por falta de apoyo oficial, afirmando que situación actual lo convierte en un estamento fantasma, sin peso en la realidad. Además reclama la inmediata participación acordada en el Registro de Unidades de Gestión de Prestadores de Salud (RUGEPRESA).
El 22 de marzo, por indicación de Junta Directiva, el representante del Consejo ante el organismo de Control de Calidad del IPAM, le presenta un informe al presidente del IPAM, el Dr. Bentatti, en que se señalan situaciones críticas: la falta de “información completa” que impide analizar con precisión “la relación contractual entre los prestadores y las Unidades de Gestión de las Prestaciones de Salud; que no hay convenios comunes sobre condiciones que se solicita a las adjudicatarias, entre ellas el valor de los honorarios; confusión en los mecanismos de facturación, etcétera. Sin duda, la lupa está puesta en la instrumentación del proyecto de gerenciamiento.
El 12 de abril, el Dr. Fernández publica en el diario La Voz del Interior una nota que titula Los médicos y su lugar en el mundo(13), donde el tema es la concepción del CMPC y la realidad del gerenciamiento. Allí el presidente apunta que los nuevos sistemas de salud que se aplican en distintas partes del mundo y en nuestro país, son los impulsados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen como objetivo “eliminar los obstáculos para que los grandes inversores hagan sus negocios en un mercado de salud, todavía incipiente en el país, pero apetecible, favoreciendo la concentración y el monopolio concertado”.
La ofensiva del Consejo, así como del Foro de Especialidades desde lo gremial, comienza a resquebrajar al equipo que pretende concretar “el anteproyecto, en estado de debate, que el gobernador hace suyo desde su campaña electoral”. Hay rumores de la renuncia del Dr. Villafañe, luego desmentidas, pero si cambios importantes como la incorporación del Dr. Roberto Chuit, como secretario de Salud, que representa algunas modificaciones y ajustes, pero sin alterar el proyecto gubernamental, y del Dr. Edgardo Schmall, al frente del IPAM. En tanto, que el Dr. Raúl Quiroga, también muy cuestionado, permanece como titular de la Unidad Ejecutora Provincial de la Salud.

13.  Dicho artículo fue reproducido por la Revista ETHICA Nº 44, abril de 2001.

A pesar de los cambios, la lucha continua
En agosto, la Revista ETHICA(14) publica un informe especial que titula Las Historias de nunca acabar, que hace un recuento de todos los últimos reclamos. Afirmando que “Ni el gobierno de la provincia, ni las autoridades sanitarias, ni la sociedad, ni los médicos, desconocen la posición crítica y de rechazo del Consejo de Médicos al modelo de atención médica vigente hoy en la obra social provincial. Las malas historias sólo acabarán cuando se replantee la actual política de salud, con participación de todos los sectores involucrados”. 

La Junta Directiva enumera:
1. Acciones en defensa de los médicos excluidos del padrón de prestadores, acusados genéricamente de la comisión de presuntas maniobras fraudulentas y/o dolosas en la prescripción de medicamentos. Ante la falta de respuestas tanto del Ministerio como del IPAM, se inician acciones judiciales.
2. Apoyo al reclamo por honorarios de los médicos cardiocirujanos y el ofrecimiento de intermediación por parte del Consejo.
3. Reclamos de información y participación sobre cesión de contratos de redes prestacionales que desaparecen y sobre el sistema de cobro de los prestadores. 
4. Se da a conocer el apoyo solidario del Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco) al Consejo de Médicos en las acciones de reclamos ante el IPAM y la ratificación de su oposición al modelo vigente. 
5. La denuncia de su proceder discriminatorio IPAM contra el Sistema Solidario de Ayuda Profesional (SSAP) precisando que se ha establecido un perverso mecanismo de coacción por parte de efectores (clínicas, sanatorios, etc.) hacia prestadores médicos individuales; efectores que amparados en exigencias de la UGPS sobre la contratación de seguro, colocan obstáculos para el cobro de prestaciones a los profesionales sino se acompaña recibo/póliza de la compañía sugerida por la propia Red.
6. El CMPC se hace eco de una encuesta de la Universidad Siglo 21 realizada para La Voz del Interior, que  confirma lo que todos –médicos, sociedad y gobierno- saben: el 53 % de los usuarios cree que el modelo de atención médica impuesto en el IPAM es todavía peor que el anterior. Sólo el 12 % de los afiliados consultados considera que el actual sistema es mejor que el anterior. La encuesta confirma todas nuestra hipótesis, dice el Consejo,  surgidas desde el trato diario con los pacientes: imposibilidad de elegir el médico (43 %); dificultad para acceder a los medicamentos (53 %), subsistencia de un sistema perverso que facilita el cobro de plus (16,8 %), además de demoras en los turnos, pérdida de tiempo en trámites y mala calidad de la atención.

14. ETHICA Nº 45, agosto 2001.

Un cumpleaños, que no se festeja
Al cumplirse un año del nuevo sistema de atención médica del IPAM, el presidente del CMPC, en uso de licencia por enfermedad(15), escribe una carta a la Junta Directiva, donde pasa revista de la crítica situación de los médicos como consecuencia de la política sanitaria impulsada desde el gobierno de la Provincia. “La realidad de este año muestra una realidad grotesca”, dice Fernández.
En la carta, enumera las consecuencias del gerenciamiento en marcha: un detrimento notorio de la calidad de las prestaciones; la incertidumbre de los prestadores sobre el pago de sus prestaciones; la fijación en muchos caso unilateral de honorarios médicos inferiores a los aceptados por este Consejo; la existencia de contratos de adhesión suscriptos sin un real debate del médico prestador de sus cláusulas y efectos; el carácter de exclusividad asignado por los convenios; las variadas formas de vinculación que no otorgan ni estabilidad laboral ni garantía de condiciones de trabajo; la falta de adecuadas estipulaciones legales para protección de los prestadores en el marco regulatorio del nuevo sistema prestacional del IPAM, etcétera.
Una referencia especial merece “el deterioro del hospital público, sujeto a las leyes de mercado que cada día hacen que más y más ciudadanos acudan a él, víctimas del desempleo y la recesión; la panacea de la desregularización, como si permitir que el paciente elija donde ir, asegurara por sí condiciones adecuadas de atención a la salud; como si el mercado económicamente pudiera dar respuestas al derecho a la salud, olvidando que los sistemas de intermediación privilegian el beneficio empresario por encima de los derechos de pacientes y médicos”.
Y en otro de los párrafos, Fernández afirma que lo médicos y la sociedad deben recordar “como criterio primordial que no existirá accesibilidad, ni continuidad de la atención, ni efectividad clínica, ni eficiencia, ni calidad técnico científica, en tanto no se aseguren condiciones dignas y equitativas de retribución profesional, en tanto la preocupación del profesional sea ver qué y cómo consigue cobrar, en tanto en definitiva se obligue al médico a ocuparse de mendigar por su trabajo en lugar de poner su conocimiento al servicio del paciente”. No hay nada que festejar, la lucha debe continuar. Villafañe renuncia. Un paso adelante. Es el turno de Roberto Chuit para pilotear el mismo anteproyecto que fue proyecto, al que sólo se le hacen retoques cosméticos.
La respuesta de CMPC, junto a los otros organismos deontológicos del sector salud, es suscribir un documento cuyo duro texto afirma(16) que: “La política impuesta en el IPAM basada en el gerenciamiento parasitario, similar a la aplicada en la nefasta historia del PAMI, nos ha conducido a esta situación crítica. Tal como lo habíamos advertido desde nuestras instituciones, con marcada antelación, dicha política ha fracasado tristemente”. Y una vez más, señalan el cuadro de la realidad: “afiliados insatisfechos, sin atención adecuada; trámites burocráticos y limitaciones injustificadas; atrasos considerables en el pago de las prestaciones ya realizadas, junto a descuentos tanto arbitrarios como ilegales; escasez de medicamentos y de prótesis sin posibilidad de control de calidad por parte de los profesionales farmacéuticos; exclusión unilateral de prestadores y prácticas monopólicas y de abuso de posición dominante, son sólo algunas manifestaciones del fracaso que denunciamos”. Y añaden, “a esta realidad que no se quiere asumir, debemos añadir la situación por la que atraviesa el hospital público, donde las políticas permanentes de ajustes lo han debilitado, reduciendo personal en momentos en que la demanda se incrementa día a día, donde faltan insumos y donde el ciudadano debe sentir el peso de su desprotección”.
En la nueva ofensiva, el CMPC se hace eco de un informe de La Voz del Interior, donde se analiza la crítica situación de la empresa Dronor, a la que el IPAM le adjudicó la provisión de medicamentos para los 465 mil afiliados de la obra social, afirmando que “es sólo otra arista del fracaso total de la política de gerenciamiento parasitario impuesta”.
Al respecto, el Dr. Fernández expresa que “en estos últimos días, en que la sociedad ha protagonizado jornadas realmente históricas rechazando un modelo económico de exclusión y formas políticas decadentes(17), cabe preguntarse qué se necesita, qué se requiere, para que los gobernantes acepten que una política instrumentada ha fracasado. Se ha hablado de conductas “autistas”, que evidentemente es sólo una aproximación al fenómeno porque el autismo es una enfermedad que se soporta, en tanto que como actitud política resulta deliberada”. 
El Ministro de Salud se reconoce la situación crítica de la salud, tanto que el Dr. Chuit  se ve obligado a convocar a todas las instituciones y organizaciones con el objetivo de conformar una Comisión de Emergencia Sanitaria. El CMPC concurre y escucha la posición oficial, a la que responde con nota del 12 de febrero del 2002. 
En primer lugar, deslinda responsabilidades: debemos afirmar que los profesionales médicos vienen aportando su esfuerzo y colaboración y es claro que “si el sistema de salud, no colapsó con anterioridad, ha sido por el sacrificio comprometido por los médicos”. No se trata de amoldarse ante la crisis, sino enfrentarla, por ello sostiene que el punto de partida es “pensar que un profesional que no tiene los elementos suficientes para desenvolverse, que no interviene en la elaboración de un vademécum para la prescripción de medicamentos, que no percibe sus honorarios ni en tiempo ni en forma, que se encuentra desjerarquizado, absorbido por las empresas y pseudo gerenciadoras, afrontando una relación masiva con los pacientes ya sea por sobrecarga del Hospital Público o por convenios prestacionales a los que es ajeno y debe sujetarse y que además se encuentra sometido a las indicaciones del Ministerio de Salud, las Obras Sociales, clínicas, sanatarios y las distintas empresas de gestión, gerenciadoras o financiadoras del sistema disponen, limitando su accionar, de modo no explícito y derivando en el médico la exclusiva responsabilidad de decir quien recibe una medicina que asegure su mejor calidad de vida o quien vea dilatado en el tiempo su acceso a la salud. Y remata: si se decide recortar las prestaciones, la libertad de medicar, si se  sujeta a otro las decisiones médicas por falta de insumos o medicamentos, quién lo decide debe asumir se plena responsabilidad”. Por todo ello, propugnamos que el Estado asuma plenamente sus facultades en materia de salud.
El Foro de Especialidades Médicas, realiza un acto de protesta, frente a la sede de la obra social. La Junta Directiva del CMPC, en pleno junto a un grupo importante de matriculados participa activamente. Cada uno de los participantes porta una pancarta con la foto de Favaloro, que le cubre el rostro. Su consigna: “La salud no es un negocio. Es un derecho”. El Dr. Héctor Rolando Oviedo, presidente del Foro, señaló que el gobierno “escuchó los cantos de sirena de las gerenciadoras, hoy deben escuchar a los trabajadores de la salud que rechazan este sistema de prestación médica”.
El 8 y 9 de mayo, se realiza en la sede del CMPC una importante reunión del Confemeco. De la jornada inaugural participan el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, y el gobernador de Córdoba, Dr. José Manuel De la Sota, quien manifiesta un hecho innegable: Con los amigos del Consejo de Médicos, hemos tenido y tenemos divergencias respecto del funcionamiento del IPAM. Reconozco que tenemos que mejorar muchísimo lo que se ha hecho (…)” Y añadió que quería recordar “que cuando yo fui candidato a gobernador en 1988, vine a esta casa y la conducción que estaba al frente, la que ocupaba el cargo que hoy ocupa el Dr. Fernández, me presentó un programa de reordenamiento total del IPAM que era el programa, en aquel entonces, aprobado por el Consejo de Médicos y que planteaba el mecanismo de  gerenciamiento tal cual se ha puesto en funcionamiento”.
El 30 de mayo, ante el silencio del IPAM por los reiterados reclamos y ante el hecho de que las distintas redes de atención médica de la obra social estarían cometiendo actos lesivos a la ley, apropiándose del honorario médico, la Junta Directiva acude a la Justicia, realizando una denuncia penal. Simultáneamente, se presenta con el mismo objetivo en la Fiscalía Anticorrupción, organismo que solicita una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del Dr. Raúl Ricardo Quiroga, alto funcionario del Ministerio de Salud y ex miembro de conducción del CMPC, perteneciente al equipo de trabajo del Dr. Villafañe. En el informe publicado por la revista institucional(18) señala que el Fiscal Anticorrupción fue apartado curiosamente de su cargo. La Justicia suele ser lenta, en algunos casos. El 27 de octubre, La Voz del Interior se hace eco de la ampliación de la denuncia por parte del Consejo, que expresa que “El manejo financiero del IPAM está, una vez más, bajo la sombra de una sospecha”, citando el caso del Organismo de Coordinación, Programación de la Inversión y Financiamiento (Ocpif) comandado por Horacio Miró, figura clave en el proyecto de privatización de la obra social, según denuncias de la prensa. El eje de la trama –donde  supuestamente estarían involucrados Quiroga, la Ocpif y el IPAM- es la gestión de un crédito de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la reconversión del sistema de salud en la Provincia, denominado AR-0120. La presentación del CMPC hace hincapié en un anticipo dudoso, la contratación directa de familiares de Quiroga y/o de estrecha relación con las gerenciadoras, así como la participación de una consultora presuntamente ligada a Miró. El informe del CMPC cita otros casos bajo sospecha, que se  suman a los que médicos consideran el fracaso de la política de gerenciamiento.
En ese  clima, como maniobra de dilación, según Fernández, el Ministerio de Salud vuelve a convocar a los sectores involucrados para debatir el sistema de atención. Puede haber buena intención, concede, pero “nos encontramos con los mismos nombres que condujeron el gerenciamiento, entre ellos el ex viceministro y actual presidente del IPAM, Edgardo Schmal, quien afirmó que “el gerenciamiento llegó para quedarse” y sostuvo que la solicitud de prórroga del sistema estaba basada en supuestos estudios técnicos, incluida una encuesta con el asentimiento de la mayoría de los afiliados, que hoy queda totalmente al desnudo. Del mismo modo negó representatividad a los dirigentes gremiales, cuyos afiliados son los verdaderos dueños del IPAM”.
Permanecen, además, añadió el presidente del Consejo,  nombres sobre los que Consejo de Médico solicitó al Fiscal Anticorrupción –arbitrariamente despedido de sus funciones- para que fueran investigados sobre la eventualidad de ilícitos, “adjuntando documentación, sobre lo que desgraciadamente ignoramos su destino”.
Señaló que “el Consejo de Médicos ratifica que la responsabilidad funcional de un nuevo sistema –que fue un claro objetivo de todos los prestadores de salud, los afiliados y los representantes gremiales, aun desde la crítica inicial del modelo que cae- es fundamentalmente de los encargados de los actos de gobierno. Por eso consideramos urgente que se dé a conocer lo que se ha dado en llamar el Plan Alternativo, sobre el cual el Consejo puede aportar sugerencias”.
Aclaró que “la salida al sistema de gerenciamiento parasitario debe tener en cuenta que las buenas intenciones se pueden convertir en una mera estrategia dilatoria y de desgaste, ya que la prórroga de hasta seis meses de los contratos con los únicos beneficiados del sistema es el plazo estimado para la finalización de la actual administración provincial”.
Por último, concluyó que “el Consejo de Médico aspira a que los anuncios sean realmente una intención de cambio, pero es necesario que dicha intención sea gestada desde la confianza, lo que requiere un corte con el pasado y la voluntad política de resolver situaciones y no dilatarlas en el tiempo”.
El proyecto hace agua por los cuatro costados. En noviembre del 2002, se conoce que el IPAM no realizó los aportes obligatorios a la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba correspondientes al año último. La Voz, cita las palabras de Fernández, quien afirmó: “Según pudimos constatar fehacientemente con fuentes inobjetables de la entidad previsional, el IPAM no le paga el aporte obligatorio a la Caja desde octubre de 2000, cuando comenzó el nuevo sistema de gerenciamiento en la obra social”.
En mayo de 2003, el Presidente del CMPC, señala que “la pregunta que se hacen los médicos y la sociedad es por qué una política que fracasó… se mantiene contra viento y marea. Nadie puede negar ese fracaso. Los supuestos beneficiarios se manifiestan a diario, los profesionales de la salud lo expresan abiertamente. Hay momentos en que la fuerza del descontento es tan intensa que los funcionarios anuncian cambios como para descomprimir la situación, pero a la larga todo sigue como está. ¿Por qué?”
Larga lucha, en la que el Consejo se ha mantenido de pié. El 2 de junio de 2008, se informa públicamente que el 31 de octubre llegan a su fin los convenios con las redes médicas. El IPAM pasa a llamarse APROSS. El gran protagonista, acompañado por la Junta Directiva y los médicos de Córdoba, con el apoyo permanente del Foro de Especialidades, el Dr. Mario Daniel Férnández, escribe en la Revista ETHICA(19):
“Han pasado largos años de esta lucha. Y debemos llamar a las cosas por su nombre: el sistema de gerenciamiento, tal como lo advertimos oportunamente ha sido un rotundo fracaso. Lamentablemente, no nos equivocamos. Hubiéramos deseado que ese cambio se produjera mucho antes. Hoy muere por agotamiento”.

15.  El 21 de septiembre del 2001, el Dr. Mario Daniel Fernández sufrió un accidente cardiovascular que requirió su inmediata internación. En proceso de rehabilitación escribe esta carta a sus colegas. Ver ETHICA Nº 46, octubre de 2001.
16.  Revista ETHICA Nº 48, febrero de 2002.

17.  En referencia a la renuncia a la presidencia del Dr. Fernando De la Rúa, tras una fuerte movilización popular.

18.  ETHICA Nº 51, (que por un error figura como Nº 57), diciembre  de 2002.

19.  Revista ETHICA N º 71, invierno de 2008.

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RECORDANDO AUTORIDADES

1994-1997

Junta Directiva

Dr. Alberto Sassatelli   
Presidente 
Dr. Héctor Maisuls  
Vice-Presidente
Dr. Emilio Amato 
Secretario 
Dr. Juan Carlos Larghi  
Tesorero 
Dres. Horacio Sessarego / Hugo Lussi 
Vocales Titulares 
Dres. Juan Carlos Garcia / Hugo Frey / Eduardo Ruibal 
Vocales Suplentes


CONSEJO DE DELEGADOS

Dr. Roberto Sayago  
Presidente
Dr. Jorge Cacciabue 
Secretario

1997-2001

Junta Directiva

Dr. Héctor Villafañe(20)
Presidente 
Dr. Horacio Sessarego(21)
Vice-Presidente
Dr. Eduardo Ruibal  
Secretario 
Dr. Juan Carlos Garcia    
Tesorero 
Dres. Gerardo Claria Olmedo / José Zucarias / Hugo Frey  
Vocales Titulares 
Dres. Gilberto Chiotti / Norberto Bentatti / Hugo Frey / Enrique Lastreto / Cristóbal Rossa / José Prato
Vocales Suplentes 


CONSEJO DE DELEGADOS

Dr. Roberto Sayago 
Presidente
Dr. Jorge Cacciabue 
Secretario

20.  Reemplazado por el Dr. Sessarego, por renuncia
21.  Reemplazada por el Dr. Clariá Olmedo

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