INFORME ESPECIAL  

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - OCTAVA ENTREGA

60 años
Jirones de una historia para armar

En este capítulo  abordamos dos temas que han preocupado y ocupado a la institución, que tienen en común el ejercicio de la solidaridad y la protección. Por un lado, la respuesta del Consejo de Médico a una situación de indefensión de numerosos colegas, denunciados y prejuzgados sin asidero jurídico alguno, en un proceso de “industrialización” de juicios por responsabilidad profesional. Por otro lado, un fenómeno creciente  de agresión moral e inclusive física, a los médicos y al personal de salud. 

1. LA SOLIDARIDAD VERSUS LA “INDUSTRIA DEL JUICIO”

 

La “mala praxis”, en cualquier profesión, es posible. En el ámbito de la salud, el tema tiene una carga especial, porque en ella está en juego la vida, ya sea por muerte o por consecuencias que afectan el buen vivir. Se trata, sin duda, de un delito que no puede ser defendido. El Dr. Mario Germán Vignolo(1), un especialista en el tema que de por sí es complejo, reconoce “que más de una vez, somos testigos de actos reprochables por parte de algunos colegas, que no podemos ni debemos encubrir, porque sería convalidar el título de corporación que nos endilgan a los médicos”. Cuando el Consejo de Médicos habla de mala praxis, no lo hace corporativamente para proteger a un colega de un hecho repudiable, sino que reacciona ante una suerte de industrialización de estos juicios, que en la mayoría de los casos no tienen asidero jurídico, sino que se trata de un mero “lance” que si pasa, produce una importante suma de dinero, tanto para el denunciante como para sus patrocinadores. Juicios temerarios que parten de una facilidad para realizar una acusación sin riesgos económicos y la proyección sobredimensionada que una denuncia de este tipo alcanza en el tratamiento periodístico; sólo en su origen, porque se olvida en su desenlace, cuando es favorable al profesional denunciado. La “mancha” queda inalterable. Incluso el enunciado de mala praxis, incorpora un profundo pre-prejuicio, porque en todo caso sería una denuncia por responsabilidad profesional, que puede o no, derivar en una mala praxis. El médico, en tanto, debía afrontar los altos costos de su defensa, tanto civil como penal; vivir el calvario de un juicio que no es breve en el tiempo; sufrir el desprestigio como profesional que no se repara, si es absuelto, porque jamás trasciende. Ante esta realidad, el Consejo de Médicos, en 60 años de historia, ha buscado desde la solidaridad activa un camino de protección para el colega. En esta entrega hablamos del Servicio Solidario de Asesoramiento Jurídico por Mala Praxis, del Sistema Solidario de Ayuda Profesional (SSAP) y finalmente, del Fideicomiso Solidario de Ayuda Profesional (FISAP), tres etapas de un mismo camino. 

1. El Dr. Vignolo ha ocupado diversos cargos en el CMPC, así como en el área de salud de la Provincia. Actualmente, es vocal de Junta Directiva.

 

DE LA MALA PRAXIS 
Según el marco jurídico, el mal accionar de un médico, debe cumplir ciertos requisitos: impericia (actuar sin conocimiento o preparación); imprudencia (sobreactuar yendo más allá de la propia capacidad) y negligencia (no actuar sabiendo que estamos dejando pasar una oportunidad para el paciente)(2). 
Es fundamentar tener en cuenta que la medicina no es una ciencia exacta. “La buena práctica médica no es necesariamente sinónimo de éxito o buen resultado, sino de actuar correctamente, ya que muchas veces -a pesar de haber aplicado científicamente el conocimiento médico con criterio y pautas establecidas- el resultado no es el deseado, por diferentes razones, entre ellas causas fortuitas que no siempre son previsibles”, remarcaba Vignolo. Es por ello, la importancia que el médico establezca un buena relación con el paciente; que lleve en forma rigurosa su Historia Clínica; que incorpore a su práctica el consentimiento informado; que deje asentado el incumplimiento y/o discontinuidad de tratamientos; que haya simultaneidad de consultas múltiples, entre otras “culpas” del paciente y muy especialmente para el médico, subraya Vignolo, que ejerza el acto médico sin soberbia.
En diciembre de 2002, el Dr. Mario Daniel Fernández -entonces presidente del CMPC- escribía en La Voz del Interior, subrayando la importancia de la responsabilidad profesional, porque es un requerimiento básico de toda sociedad que se precie a sí misma, pero aclaraba que hay situaciones en que “los médicos nos sentimos atrapados en un laberinto legal”. El rechazo  a la realidad de una industria del juicio por mala praxis no es una defensa corporativa. Es un gesto de solidaridad frente a “la creación de un nicho de mercado fundado en meras apetencias económicas”, sin desentrañar la realidad de la denuncia. “No es desconocido que hay estructuras dedicada a la producción de estos juicios. Los propios medios de comunicación se han encargado de mostrar a personas vinculadas a estudios jurídicos que montan guardia frente a hospitales y sanatorios a la ‘pesca’ de clientes”. Y agrega, lo que ya hemos señalado, que “poco se conoce, sin embargo, sobre las conclusiones de los procesos judiciales que en más del 90 % de los casos son desestimados”(3). La realidad es que ciertamente hay algunos pacientes que son verdaderas víctimas de decisiones erróneas y/o irresponsables de ciertos colegas, pero otros muchos –los más- se convierten en victimarios patrocinados por abogados con intenciones de lucrar con la desgracia ajena, decía Vignolo.
Sin duda, el tema venía arrastrándose desde comienzos de la década de los 90‘s: el crecimiento de los juicios preocupaba al CMPC. En el Nº 2 de la revista ETHICA, edición de julio de 1992, con la firma del Dr. Guillermo Fontaine, se alertaba sobre el inusitado aumento de las acciones civiles y penales en nuestro país, reconociendo que se trataba de una tendencia mundial, que preocupaba por el alto costo de los seguros contra la responsabilidad civil. La nota advertía, además, que los efectos a mediano plazo serían perjudiciales para una eficiente prestación médica, ya que los escasos ingresos profesionales no serían suficientes para solventar eventuales acciones civiles. “Esto podía llevar a un ejercicio profesional temeroso, eludiéndose situaciones de riesgo frecuentes en la asistencia médica y dedicando un excesivo esfuerzo a evitar acciones legales”. Un análisis verdaderamente premonitorio, agravado porque en la mayoría de los casos no había fundamentos jurídicos reales, convirtiéndose en el origen de lo que comenzó a llamarse, desde entonces, “la industria de los juicios de mala praxis”.
El contexto resultaba propicio porque junto a los grandes avances en la concepción de la salud, como el surgimiento de los derechos de los pacientes, la consolidación de la bioética, surgía una “medicalización de la vida” y una “mercantilización de la medicina”. La conjunción de ambas, traía como consecuencia, nuevos sistemas de salud, impulsados por los organismos internacionales, que dejaban atrás la concepción de la medicina como un derecho, para convertirse en una mercancía; el deterioro de la relación médico-paciente; la crisis del hospital público; la caótica utilización de los recursos humanos, tecnológicos y económicos; las deplorables condiciones de trabajo de los profesionales de la salud, el surgimiento de la medicina pre-paga; el auge de las empresas aseguradoras y el avance de las gerenciadoras, entre otras.

2. Ver nota del Dr. Vignolo, Prevención de la mala praxis, en ETHICA Nº 57, julio 2004.
3. ETHICA Nº 52, febrero de 2003, reproduce la nota publicada en La Voz del Interior, en diciembre de 2002.

 


EL INICIO DEL CAMINO SOLIDARIO
Por fin, en noviembre de 1995, ETHICA(4) anuncia la creación del Servicio Solidario de Asesoramiento Jurídico por Mala Praxis, como un viejo anhelo del Consejo de Médicos, que se hacía realidad. La presentación está cargo de los Dres. Hugo Frey y Eduardo Ruibal, vocales suplentes de la Junta Directiva, quienes estuvieron a cargo  de la coordinación de dicho proyecto. 
Se plantea una primera etapa para el Servicio, que cubrirá –sostenía el anuncio de su creación- el “asesoramiento preventivo, la asistencia, el patrocinio y/o la representación en toda denuncia o juicio que se le formule al colegiado por hechos o actos de la profesión presumidos de mala praxis”. 
Para una segunda parte, se prometía la posibilidad de cubrir algún tipo de indemnización, mediante la creación de un fondo solidario. Los coordinadores destacan que el Servicio, en esa primera etapa no tendrá un costo extra, y se sustentará –anunciaban- con la cuota de colegiación en función de la situación económica que viven los matriculados. Afirman y se comprueba, que el Consejo ha logrado contar con un equipo especializado, para hacer frente a la situación y ayudar a los matriculados a salir de laberinto legal.

4. Edición Nº 16 de noviembre de 1965.


LA HORA DEL SSAP
Tras tres años, con la experiencia lograda, se inicia una nueva etapa, más ambiciosa. El 18 de agosto de 1998, la Asamblea Extraordinaria de Delegados de Distritos, máxima autoridad del Consejo, aprobó el nuevo proyecto presentado por la Junta Directiva, para la creación de un Sistema Solidario de Ayuda Profesional(5), abreviado con la sigla SSAP, que hacía realidad la segunda etapa prometida: la creación de un fondo solidario para apoyar a los matriculados.
El Sistema es definido como “un fondo solidario para ayudar a todos los colegas, en la prevención del riesgo y la asistencia médico legal, jurídica y económica frente a las situaciones de conflicto derivadas del ejercicio profesional”. No se trata de una aventura, ni de una improvisación, sino fruto de un análisis puntilloso de distintas experiencias en el país y en el mundo, que intentan proteger a los médicos ante las dificultades reales de acceder a los seguros por eventual “mala praxis”, que además desde los modelos económicos de mercado, son exigidos como requisitos de ingreso por las empresas de medicina pre-paga y las obras sociales, a través de un planteo solidario.
El objetivo es, precisamente, ofrecer al médico “una cobertura que permita satisfacer los requerimientos de las obras sociales y de los sistemas pre-pagos”, pero además otorgarle la “necesaria tranquilidad que surge de la seguridad de encontrarse al amparo de un sistema que le brinda asistencia jurídica y médico legal especializada, e incluso, la eventual reparación de un daño”.
El sistema aprobado –se subraya- no tiene fines lucrativos, su adhesión es voluntaria. De esta manera se constituye una cuenta con fines específicos, administrada por el Consejo, “cuyos recursos provendrán de los aportes de una cuota mensual que realicen los matriculados adherentes al sistema y eventualmente de todo otro recurso que en forma onerosa o gratuita ingresen al mismo”, según se expresaba. La cuota estipulada era exactamente la misma que había en el limitado servicio anterior y la ayuda solidaria alcanzaba la suma de $100.000, con valores de entonces. Los fondos logrados solo podían utilizarse al pago de las indemnizaciones de los adherentes afectados, los honorarios de letrados y peritos en las causas judiciales y en las actividades de prevención previstas.
El SSAP, nacía con el respaldo del Consejo como sello de garantía, con una cuota al alcance de todos, muy inferior a la fijadas por la aseguradoras, con plena vigencia a partir del séptimo día hábil siguiente al primer pago del aporte solidario y, además, permitía el control por los propios médicos adherentes al sistema.
Las actividades de prevención eran puntuales y se manifestaban con la publicación de una serie de libros llamados Guías Clínicas, con textos que incluían normas y protocolos en  distintas áreas médicas, con la autoría de destacados especialistas y con un capítulo especialmente dedicado a los riesgos de iatrogenia en cada caso. La publicación se distribuía en forma gratuita para los adherentes al Sistema y tenía un costo de venta para los que no lo eran.
Junto a ello, se desarrollaba un programa intenso de capacitación de su cuerpo jurídico y la realización de jornadas sobre responsabilidad médico legal en distintos lugares de la Provincia, en hospitales públicos y privados y Círculos Médicos. 
La iniciativa fue bien recibida por los matriculados, pero el proyecto en marcha debió luchar contra una verdadera ofensiva que los artífices de las nuevas políticas de salud planteaban contra el proyecto solidario, favoreciendo los intereses económicos de las empresas de seguro. Los argumentos iban desde cuestionar que fuera una función que el Consejo podía realizar; de la falta de confiabilidad que el fondo solidario pudiera cumplir con la cobertura o, bien directamente, era rechazada por algunas obras sociales, como un instrumento de protección de los médicos. Es el caso del IPAM “gerenciado”, del que hemos hablado en otro capítulo de esta historia.

5. Ver Revista ETHICA Nº 32, septiembre-octubre de 1998.


SUS FELICES CUMPLEAÑOS
A pesar de las trabas, el SSAP estaba vigente. En agosto de 2003, cumpliría sus primeros cincos años y contaba con 2.500 adherentes. La revista ETHICA(6) convoca a los abogados Andrés Cuñado, Francisco Linares y Felipe Trucco, integrantes de la asesoría letrada de la institución, para intentar una evaluación de lo actuado.
El Dr. Cuñado no duda en afirmar: “La experiencia demostró que ha sido un instrumento adecuado, eficiente para una correcta tarea de prevención y de defensa para aquellos matriculados que se integraron al Sistema”. Y agregaba, no sin orgullo, que “su estructura nos ha permitido llevar adelante defensa prolijas y eficaces en todos los casos que nos ha tocado actuar y como prueba de ello es que hasta ahora no hemos tenido sentencias adversas”.
Por su parte, el Dr. Trucco, señala un aspecto que lo distingue de los sistemas comerciales como es el hecho de que los médicos están asistidos en las causas civiles, pero no tienen –como en el SSAP- defensa en el aspecto penal. Con el sistema solidario, al médico afectado, “se lo asiste desde el momento en que recibe una notificación del fuero penal que da comienzo el proceso, hasta que concluye toda la causa”.
En esa etapa, el sistema incluye a los médicos, no a los nosocomios ni instituciones de salud, ni las responsabilidades funcionales por actos técnicos-administrativos en caso que fueran, por ejemplo, director de una clínica o jefe de un Servicio, que son actividades de control.
La revista mencionada, cierra la nota, con un recuadro donde rescata palabras del Dr. Eduardo Gasparrini, con el título Para Pensar: “La solidez alcanzada por el SSAP contrasta con la realidad de las empresas aseguradoras. Según datos oficiales en el lapso que va de 1990 al 2001, había un total de 217 entidades aseguradoras (de retiro, vida, riesgos de trabajo y patrimoniales o mixtas), 177 fueron revocadas en el mismo periodo. La conclusión es obvia: nadie está seguro, por tener seguro”.
Cuando cumplió 10 años de vigencia, pese a las resistencias, idas y vueltas y operaciones en su contra, el Sistema Solidario de Ayuda Profesional, estaba de alguna manera consolidado. El Dr. Fernández, presidente del CMPC, recuerda en un editorial de la revista Ethica, las razones de su existencia: “Lo que negamos, rechazamos, es la irresponsabilidad, la ligereza y la facilidad de la denuncia y reclamos por presunta mala praxis, que en la mayoría de los casos quedan desestimadas en los procesos tribunalicios, pero que -potenciada por la prensa sensacionalista- hiere al profesional médico en su prestigio, en su tranquilidad e incluso en sus recursos económicos”. Y agregaba: “las estadísticas nacionales nos dicen que uno de cada cinco médicos -cerca de 40.000 profesionales de la salud en el país- han recibido una demanda por mala praxis. La única manera de entender el dato, es pensando que hay una verdadera organización ilícita, corporativa, profesional que solo busca hacer daño”. 
Y haciendo una evaluación, enumeró los reclamos pendientes: reducción del plazo de prescripción de las acciones fundadas en responsabilidad contractual; modificaciones en el beneficio de litigar sin gastos; reformas en el Código Penal de la Nación diferenciando a los responsables del accidente de tránsito y la derivada del ejercicio profesional; limitación de los montos indemnizatorios, y la obligatoriedad del informe técnico científico previo a la demanda, son las demandas que no se cumplieron a diez años de la creación del SSAP.
Pese a ello, al cumplirse una década de su entrada en vigencia, los beneficios para los médicos se multiplicaron: se incorporó una Póliza de Seguro colectiva para permitir la facilitación de la aceptación del Sistema, aumentando la protección y resguardando la responsabilidad profesional en todo el territorio nacional. 
Los diez años se festejan con otro paso adelante para ofrecer mayor seguridad y ampliar los alcances de la cobertura(7). La asamblea de delegados aprueba la propuesta de asociar el SSAP, a una empresa líder en este tipo de seguros. Esto se tradujo en un incremento en la cobertura; póliza de seguros colectivos, con entrega de certificados de coberturas individuales para cada uno de los adherentes válida en todo el territorio nacional. El sistema solidario se transformaba en un seguro y aportaba así, aunque parezca un juego de palabras, una mayor seguridad”, expresaba el Dr. Héctor R. Oviedo, miembro de la Junta Directiva, al informar de la asociación con la empresa aseguradora.
La respuesta de los matriculados fue inmediata. Se pasó de 1997 adherentes en el 2.000, a 7936 en septiembre de 2009. Cuatro años más tarde, sobrepasaba los diez mil. Actualmente  superan los 12.000. La historia había comenzado con 100, que fueron sus pioneros. Las ocho o nueve causas que se atendían en el 2000, pasaron a ser alrededor de 500, en el 2013. 

6. Edición Nº 54, año 2003.

7. Revista ETHICA Nº 70, otoño 2008.


EL FISAP, OTRA VUELTA DE TIMÓN
El Sistema Solidario pasó de tener, repetimos, un centenar de afiliados en 1998, a contar con más de 10.000 médicos con cobertura del Consejo. El Dr. Oviedo recurre a una imagen muy clara, para explicar el proceso: “el chico creció; la ropa le quedó ajustada y era preciso dotarlo de una vestimenta adecuada a ese crecimiento”. En agosto de 2.014, una Asamblea Extraordinaria de Delegados de Distritos, decide la creación de un fideicomiso para su administración.
En una entrevista realizada en el 2014 al Dr. Oviedo(8), hoy Administrador de dicho fideicomiso y actual vicepresidente del CMPC, reconoció que el camino hasta allí “no fue fácil porque había resistencia: no todos las obras sociales lo aceptaban, incluso había problemas y reclamos para que el entonces IPAM y el PAMI, la reconocieran públicamente. En esos primeros años, no se llegaba a 100 afiliados, pero marchaba”. 
La ropa adecuada consistió en la adopción de una figura jurídica más acorde con la realidad y la proyección del SSAP, que pasó a llamarse Fideicomiso Solidario de Ayuda Profesional (FISAP). Por una parte, resolvía un problema de riesgo institucional y por otra, una ampliación de los beneficios.
“A pesar de la clara separación administrativa del Consejo como institución y del SSAP, la responsabilidad legal seguía siendo del Consejo. Y esto era, sin duda, un riesgo. No olvidemos que el Consejo ha crecido enormemente en funciones, estructuralmente y puede, eventualmente, llegado el caso, estar en problemas, como puede estarlo el SSAP”. 
Con la nueva decisión, al tratarse de un fondo con un fin determinado y con responsabilidad propia, se convierte en inembargable, lo que generó un alivio en las autoridades que durante 10 años asumieron riesgos y desafíos. “Es una manera de defender los aportes de los colegas, con el fin de ofrecer protección por eventuales situaciones de responsabilidad profesional, a la vez que se defiende el patrimonio del Consejo de Médicos como institución”. 
Las primeras consecuencias a nivel solidaridad, es decir de beneficios concretos para el adherente fue aumentar significativamente la cobertura, en consonancia con la situación económica del país, con dos alternativas a elección del adherente; añadir una suma de dinero por daño moral en juicios  finalizados, que hayan sido favorables a sus miembros; conservar la atención jurídica, tanto civil como penal; su validez en todo el territorio nacional; la entrega de pólizas individuales y la continuidad de los programas de prevención. Y otro gran paso adelante, la cobertura universal no hace diferenciaciones entre especialidades –como sí lo hacen otras ofertas aseguradoras- e incluye a directivos médicos, jefes de departamentos, de servicios o de equipos, que estaban excluidos.
A los que se añade, y he aquí el plus que ofrece el FISAP, que permite decir en las campañas de adhesión afirmar con seguridad que es mucho más que un seguro:

  • Una cobertura por accidentes personales, en caso de invalidez parcial o total y/o por fallecimiento, con alcance provincial o nacional y con previo aviso del viaje, internacionales. 

  • Subsidio por incapacidad laboral transitoria.

  • Subsidio por maternidad

    Y, a partir de la pandemia y su incidencia en la vida del profesional, se agregaron beneficios puntuales:

  • Subsidio a los colegas, que -en su tarea profesional- contraen el Covid 19.

  • Subsidio por emergencia económica.

  • Apoyo económico a los colegas que pagan monotributo, que representan un  porcentaje elevado de los matriculados.

  • Y en momentos de escribir esta historia está a punto de concretarse, un subsidio por las consecuencias psíquicas como consecuencia de la extenuante acción profesional en torno a la pelea frente al virus.

    

En palabras del Dr. Oviedo, titular del Fideicomiso, “quizás sea en estos momentos especiales, como el que estamos viviendo, cuando podemos apreciar en toda su dimensión, la importancia de contar institucionalmente con un instrumento solidario como el FISAP”. Ya no se trata de un simple seguro para el colega adherido, sino de un instrumento solidario de protección integral, mucho más amplio, que al no tener finalidad de lucro puede plantearse apoyos extraordinarios como en el caso concreto del Covid-19. Es una oferta superior a cualquier otra opción.
Precisamente, la solidaridad ha sido la palabra y la acción siempre presente en el gobierno de la institución y se expresa no sólo a través del FISAP, sino que el propio Consejo puso la mirada, por ejemplo, en los nuevos matriculados, en aquellos que iniciaban su actividad profesional, que en la mayoría de los casos no tienen una situación económica consolidada. Por ello, Junta Directiva decidió una reducción del 50 % en el valor de la cuota de matriculación, en el primer año, y de 25 % en el segundo año, que prosigue totalmente vigente. Con el mismo criterio, se resolvió una reducción del 50 % en el costo de cursos de capacitación del Consejo para los matriculados recién egresados hasta tres años de recibidos. Es decir, acciones complementarias, como la muy reciente creación de una Comisión de Veedores, que con acuerdo de la Fiscalía General de la Provincia, estará presente en los casos de allanamiento o secuestro de Historia Clínica, para asegurar así el debido proceso, así como preservar el secreto profesional.

 

8. Revista EHICA Nº 93, verano de 2014.

Maternidad.jpg

Una adherente al FISAP recibe del Dr. Héctor Oviedo, su subsidio por maternidad.

2. LA SOLIDARIDAD VERSUS LA AGRESIÓN A LOS MÉDICOS

 

La violencia contra los médicos es un fenómeno que se ha incrementado durante las últimas décadas a nivel mundial. ¿A qué responde? ¿Cuáles son sus causas sociales y políticas? ¿Qué relación guarda este accionar violento con las condiciones del sistema de salud? ¿Por qué concentrarse en la agresión verbal o física limita el análisis general? ¿El insulto o la violencia son un síntoma inequivocable de un problema aún mayor? ¿Qué herramientas comunicacionales y legales tienen los médicos para evitarlo? Estas son algunas de las preguntas que el CMPC pudo empezar a responder luego de iniciar una campaña exitosa que se denominó “Agredido, repórtelo”, donde la frase de cabecera fue “Basta de agresión a los médicos” y los datos recabados allí esbozaron una realidad desbordada desde toda dimensión social. 

 

UN FENÓMENO EN CRECIMIENTO
Desde el Consejo se comenzó a abordar la problemática desde el año 2012. “La agresión a los médicos, una violencia que crece”, era el título de una nota publicada en la edición Nº 83 de Ethica(9). Allí se exponían los primeras señales de un accionar violento en permanente incremento.
“No hay datos específicos y seguros que permitan dimensionar la gravedad del problema. Pero, es un hecho real que la violencia, la agresión contra los médicos crece día a día y está entre las causas del estrés profesional, que en las situaciones más extremas, le plantean al médico, especialmente a los más jóvenes, la alternativa hasta de abandonar la profesión”, denunciaba entonces la publicación. En esa nota, se informaba sobre datos de una encuesta publicada en el sitio Intramed, a nivel nacional: “el 36% de los profesionales de la salud que respondieron, reconocían haber sufrido agresión física; en tanto que 80% habían sido agredidos verbalmente”. 
La información relevada exponía que los más agredidos eran el personal de enfermería y luego los médicos. Se reconocía aquí, a nivel institucional, la importancia de contar con una fuente de información que pudiera constatar con datos fehacientes la violenta realidad. Con el agravante que los médicos y enfermeros -por diversas y comprensibles razones- no denunciaban la violencia sufrida.
Desde Ethica, se entendía que las agresiones abarcaban a todos los sectores sociales y ocurrían tanto en instituciones públicas como privadas. La nota también ponía especial énfasis, en afirmar que la agresión a los médicos, no era -ni lo es ahora- una cuestión local. “El fenómeno de la agresión a los profesionales de la salud va más allá de nuestras fronteras”, advertían. Y se ponía el ejemplo de España, donde tres de cuatro médicos confirmaban haber recibido amenazas verbales.
El problema de casos cada vez más repetidos, no sólo preocupaba a médicos de nuestro país o latinoamericanos. La Organización Internacional del Trabajo, junto con la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras, elaboraron en el 2002, un protocolo de prevención y abordaje a la violencia contra los profesionales de la salud, ante el incremento de situaciones violentas en todo el mundo.
Estas instituciones afirmaban que la violencia en el sector de la salud conformaba la cuarta parte del total de la violencia que se tiene en el mundo del trabajo. Con base en este documento internacional, el Dr. Ricardo M. Castro Bourdichon, por entonces titular del Comité de Controlador en Psiquiatría del CMPC, ensayaba la siguiente definición: “la violencia ocupacional contra profesionales del sector de la salud es un incidente (aislado o en serie) en forma de conducta hostil (generalmente verbal, a veces física), dirigida por una o varias personas (pacientes, familiares o acompañantes) hacia personal que los atiende en el marco de una organización de servicios sanitarios, en circunstancias relacionadas con su trabajo y que ponen en peligro la seguridad del mismo, su bienestar o su salud consideradas en su triple dimensión somática, psicológica y social”. 

9. ETHICA 83, julio 2012.

 


CAUSAS MÚLTIPLES Y COMPLEJAS
Hace ya diez años, el CMPC reconocía que la violencia sobre los profesionales de la salud respondía a causas múltiples y complejas, en la que las realidades particulares tenían gran incidencia, pero también “una crisis general de los servicios de salud que impacta por igual a países industrializados, como a los subdesarrollados”. Se advertía, además, que “la entrada de la salud al espacio de los mercados, que llevaron a cabo los modelos neoliberales en el mundo, fue impulsada por organismos económicos internacionales, alcanzando una globalización manifiesta”. Líneas más abajo explicaban esta relación, señalando que el auge de los sistemas de gerenciamiento parasitario que tuvieron una validez universal, y se presentaron como recetas infalibles para la solución de la crisis en salud, ya habían comenzado a ejecutarse por los países centrales y que estaba lejos de la realidad. Se mencionaba como ejemplo ilustrativo,  al sistema de salud de los Estados Unidos: “el país más poderoso de la economía capitalista, es expresión cabal de ese enfoque puramente economicista de la atención médica, que deja fuera del sistema a millones de ciudadanos que deben deambular en la asistencia pública”.
Añadían que “estos sistemas produjeron reformas que conllevan al deterioro de las relaciones médico-pacientes; a la subordinación de los criterios médicos a los económicos; a la inestabilidad y los honorarios en el mejor de los casos insuficientes; a la negación práctica de la dignidad profesional; a la triste y frustrante realidad de una medicina para ricos y una medicina para pobres; a la imposición de criterios soliviantados por los negocios de la industria farmacéutica o de tecnología vinculada con la salud”, recriminaban desde la columna, publicada en la revista institucional.
Otra de las causas que se subrayaba, era la ligazón de la violencia con la falta de infraestructura adecuadas y recursos necesarios. “Es casi lógico que pacientes que tienen que hacer cola desde las cinco de la mañana para pedir un turno, o los que deben esperar de tres a seis meses para ser operados se ponen de malhumor y ante cualquier inconveniente reaccionen de una manera inadecuada”, señalaban. Se dejaba en claro allí que los médicos y enfermeros, lamentablemente, son la cara visible de la falta de políticas justas y dignas a la hora de ejercer y garantizar el derecho a la salud para todos.

 


LA INCIDENCIA DE LAS AGRECIONES
¿Cómo incidían las agresiones a los profesionales de la salud? Desde el CMPC, respondían: “afecta la vida laboral y social de los profesionales, incide en la productividad, eficiencia y excelencia organizacional, incluso en los costos de los servicios sanitarios, al adoptarse estrategias de una medicina defensiva, que suele traducirse en el aumento de pruebas complementarias innecesarias, la derivación sistemática a urgencias hospitalarias o a especialistas, la prescripción injustificada de fármacos, la autorización automática del uso de ambulancias o la prolongación de bajas laborales por la simple petición de pacientes exigentes percibidos como peligrosos. También se le suma la pérdida de motivación, el deterioro de la autoestima profesional, y hasta el estrés médico traducido en problemas respiratorios, insomnio, cefaleas, fatiga y demás problemas graves”.
Especialistas en el tema, como Manuel Luis Martí, señalaban en  la nota de Ethica,  que los sistemas de salud vigentes habían transformado al médico “en un engranaje intercambiable con muy pocos derechos y numerosas obligaciones”. Y advertía: “la remuneración que recibimos es inadecuada y escasa, carecemos de tiempo para perfeccionarnos y debemos trabajar horas extras y en distintos sitios para poder sobrevivir y cubrir nuestras necesidades básicas”. 
“La violencia es muy amplia y sutil”, denunciaba por su parte, el psiquiatra Néstor Kodolbsky, al indicar que las indignas condiciones laborales, los sentimientos de amor/odio y prejuicios recibidos de muchos pacientes, más las transferencias emocionales que reciben los profesionales de la salud, tales como la ira, la desconfianza, las presiones y exigencias, confirmaban que los médicos están mucho más expuestos a la violencia social de lo que las encuestas podrían llegar a ratificar.
Años más tarde, el ex presidente del CMPC, Dr. Mario Daniel Fernández, señalaba en una entrevista otorgada a esta revista, que la agresión a los profesionales de la salud constituía “un verdadero problema de salud pública”. Y agregaba: “esta realidad, no es solo verificable en nuestro país. En la medida que es consecuencia directa del modelo neoliberal todavía hegemónico en el mundo. Conocemos la dimensión del problema en nuestro país y en nuestra provincia porque es comentario obligado entre colegas, pero todavía no hay datos precisos, porque todavía los médicos tienen el pudor de no denunciarlo”. En este sentido, el Dr. Fernández concluía la entrevista confirmando la elaboración de un Formulario de Denuncia, que facilitara dicha acción y donde el CMPC pudiera tomar medidas concretas y prácticas a la resolución de este conflicto permanente.
Desde la institución se realizaron distintas acciones, tales como la creación de la Comisión de Asuntos Profesionales(10), destinada a analizar el problema y los posibles resguardos, para lo cual se diseñó y ejecutó una encuesta que permitiera realizar un diagnóstico adecuado. Es así que en el año 2014, precisamente en julio, el Consejo de Médicos presentó un sistema de reportes online, de gestión confidencial, disponible en su Página Web, donde los colegas podían denunciar oficialmente las agresiones sufridas en el ejercicio de su trabajo. En menos de un año, 53 médicos escribieron allí las situaciones padecidas con algunos de sus pacientes. El 36 % admitían hacer sido insultados y/o amenazados públicamente; un 16 % le sumaba difamaciones y un 14%, reconocía además, agresiones físicas.
¿Qué es lo que más provoca enojos en pacientes y familiares? Según el estudio, el malestar por el funcionamiento interno del centro de salud. Así, el 30% de los casos se debieron a personas enojadas con la clínica y/o el hospital. El tiempo de espera para ser atendido representó un 14%. Mientras que las discrepancias por la atención fue del 19% al igual que las discrepancias personales.
Otros resultados arrojados por el instrumento creado por el Consejo, establecieron que el 42% de las agresiones se dieron en instituciones públicas, el 23% en clínicas, 21% en consultorios privados, 10% en ambulancias, un 4% en el domicilio del profesional. 
Apenas el 27% de los casos fueron denunciados y sólo el 32% recibió apoyo de la institución donde trabajaba en el momento del hecho. 

10. Cambios en la estructura organizativa del CMPC, el tema pasó al Centro de Estudios de Recursos en Salud (CERSA)..

 


LA INCORPORACIÓN DE LA AGRESIÓN COMO FALTA PUNIBLE
    Un gran avance fue lograr que se incorporara al personal de salud, en la ley 10.326, que originalmente establecía penas a quienes agravien al personal de centros educativos. En nuestra provincia, la Ley de Convivencia Ciudadana contempla multas, trabajo comunitario y hasta tres días de prisión a quienes agravien al personal de centros educativos y de salud. A pesar de ello, la UTS denunció en su momento, que la ley no se cumplía como debía. Por eso mismo, el CMPC colaboró con la Secretaría de Seguridad de la Provincia en la elaboración de protocolos que permitieran la mejor aplicación de la ley en los hospitales públicos. 
   Del mismo modo, la institución tomó conciencia de que los médicos agredidos necesitan contención cuando estos hechos suceden y se propuso una tarea orientada a la toma de conciencia del problema, tanto para el personal de salud, como para la sociedad. De este modo se lanzó un alerta, a través de afiches, que se distribuyeron y se distribuyen en todos los hospitales y clínicas de la Provincia, con el lema de “Digamos Basta a la agresión contra los médicos”
   La permanente tarea de la institución en generar acciones para prevenir o disminuir la violencia se encontró con datos aún más alarmantes. La mayoría de las agresiones las sufren las médicas y enfermeras, por su condición de mujer y la presunción de los atacantes de que son más débiles y vulnerables. Lo paradójico es que las agresiones son realizadas también mayoritariamente por mujeres.
   Otro dato preocupante, fue que en ciertos establecimientos, un 25% de las agresiones se producía entre los propios integrantes de la comunidad hospitalaria. En función de ellos, el Consejo trabajó en dos nuevas propuestas. Por una parte, considerando la vigencia de la Ley provincial 10.543 de Mediación, entendida como un método alternativo de solución no adversarial de conflictos, promover su aplicación en los establecimientos de salud. Para ello propusimos –iniciativa muy bien receptada por parte de las autoridades sanitarias- acordar un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia (que incluye la Dirección de Mediación) y el Consejo de Médicos, para realizar un plan de capacitación en los hospitales y poder así utilizar la mediación para la solución de los conflictos hospitalarios. Y, por otro, la creación de Observatorios de Violencia Hospitalarios, integrado por personal de cada establecimiento de salud, para realizar un estudio más profundo de la situación y poder elaborar programas de prevención y reducción de la violencia, sugerencia que cuenta con el apoyo del propio ministro. En esta tarea, el CMPC está realizando permanentes visitas a hospitales y clínicas y ofrece su experiencia para la capacitación y creación de dichos observatorios.
   Los reclamos del Consejo fueron finalmente escuchados. Primero, el año pasado, se incorporó al Código de Convivencia Ciudadana como artículo 40, una clara definición contra la agresión, maltrato o intimidación en dos situaciones: la primera hace referencia a razones de género, etnia, orientación sexual, edad, religión, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condiciones psicofísica, por padecer una enfermedad infectocontagiosa o con motivo de su profesión u oficio; la segunda hace referencia directa a la agresión contra el personal de salud y personal auxiliar, a sus familiares o bienes en el contexto de una emergencia sanitaria o circunstancia extraordinaria. La ordenanza establece sanciones en cada caso.
   En el transcurso de este año, la Legislatura de la Provincia de Córdoba modificó dicho Código endureciendo las sanciones. Las penalidades incluye ahora trabajos comunitarios de hasta 10 días, una multa que hasta fines de 2021 superaría los $30.000 y hasta 3 días de arresto, según el caso, y establece situaciones en las que estas sanciones podría generar la duplicación de las mismas, cuando se hubiere puesto en juego la integridad física o los bienes de las personas afectadas. El autor del proyecto, el legislador Oscar González, agradeció la participación del Consejo, por su asesoramiento y apoyo en el contenido de la ley.
   La violencia hacia el personal de salud, fenómeno que venía creciendo, se agudizó durante esta pandemia de Covid. Según los reportes de agresiones del Consejo, los pedidos de intervención –de profesionales que sufrieron atropellos– aumentaron cerca de un 30 por ciento desde el inicio de la misma”. Muchos médicos sufrieron estigmatizaciones por trabajar en establecimientos donde se trata el covid y, otro tanto, sufrió especies de “linchamientos mediáticos”, solo por estar contagiados.

 

 Tanto en la Parte 1 como en la Parte 2 de esta entrega, se ha contado con la colaboración de Rodrigo Savoretti.
 

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RECORDANDO AUTORIDADES

2006-2009

Junta Directiva

Dr. Mario D. Fernández   
Presidente 
Dr. Ruben Spizzirri  
Vice-Presidente
Dr. Horacio Paolasso 
Secretario 
Dr. Jorge Paruccia
Tesorero 
Dres. Concepción Zárate / Hugo Cuadraro
Vocales Titulares 
Dres. Jorge Dellacasa / Héctor Oviedo / Norberto Ferrero
Vocales Suplentes 


CONSEJO DE DELEGADOS

Dr. Dante Pesenti  
Presidente
Dr. Nélida Pussetto 
Secretaria

2009-2012

Junta Directiva

Dr. Mario D. Fernández / Ruben Spizzirri (asume por fallecimiento del titular)  
Presidente 
Dr. Ruben Spizzirri  
Vice-Presidente
Dr. Horacio Paolasso   
Secretario 
Dr. Jorge Paruccia  
Tesorero 
Dres. Concepción Zárate / Hugo Cuadrado
Vocales Titulares 
Dres. Héctor Oviedo / Norberto Ferrero / Néstor Viale
Vocales Suplentes 


CONSEJO DE DELEGADOS

Dr. Dante Pesenti  
Presidente
Dra. Nélida Pussetto 
Secretaria 

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