Gestionando con hechos  

2. Campaña “REPORTE DE AGRESIÓN CONTRA LOS MÉDICOS”

Un fenómeno en crecimiento
Desde el Consejo se comenzó a abordar la problemática desde el año 2012. “La agresión a los médicos, una violencia que crece”, era el título de una nota publicada en la edición Nº 83 de Ethica(1). Allí se exponían las primeras señales de un accionar violento en permanente incremento.
“No hay datos específicos y seguros que permitan dimensionar la gravedad del problema. Pero, es un hecho real que la violencia, la agresión contra los médicos crece día a día y está entre las causas del estrés profesional, que en las situaciones más extremas, le plantean al médico, especialmente a los más jóvenes, la alternativa hasta de abandonar la profesión”, denunciaba entonces la publicación. En esa nota, se informaba sobre datos de una encuesta publicada en el sitio Intramed, a nivel nacional: “el 36% de los profesionales de la salud que respondieron, reconocían haber sufrido agresión física; en tanto que 80% habían sido agredidos verbalmente”. 
La información relevada exponía que los más agredidos eran el personal de enfermería y luego los médicos. Se reconocía aquí, a nivel institucional,  la importancia de contar con una fuente de información que pudiera constatar con datos fehacientes la violenta realidad. Con el agravante que los médicos y enfermeros -por diversas y comprensibles razones- no denunciaban la violencia sufrida.
Desde Ethica, se entendía que las agresiones abarcaban a todos los sectores sociales y ocurrían tanto en instituciones públicas como privadas. La nota también ponía especial énfasis, en afirmar que la agresión a los médicos, no era -ni lo es ahora- una cuestión local. “El fenómeno de la agresión a los profesionales de la salud va más allá de nuestras fronteras”, advertían. Y se ponía el ejemplo de España, donde tres de cuatro médicos confirmaban haber recibido amenazas verbales.
El problema de casos cada vez más repetidos, no sólo preocupaba a médicos de nuestro país o latinoamericanos. La Organización Internacional del Trabajo, junto con la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras, elaboraron en el 2002, un protocolo de prevención y abordaje a la violencia contra los profesionales de la salud, ante el incremento de situaciones violentas en todo el mundo.
Estas instituciones afirmaban que la violencia en el sector de la salud conformaba la cuarta parte del total de la violencia que se tiene en el mundo del trabajo. Con base en este documento internacional, el Dr. Ricardo M. Castro Bourdichon, por entonces titular del Comité de Contralor en Psiquiatría del CMPC, ensayaba la siguiente definición: “la violencia ocupacional contra profesionales del sector de la salud es un incidente (aislado o en serie) en forma de conducta hostil (generalmente verbal, a veces física), dirigida por una o varias personas (pacientes, familiares o acompañantes) hacia personal que los atiende en el marco de una organización de servicios sanitarios, en circunstancias relacionadas con su trabajo y que ponen en peligro la seguridad del mismo, su bienestar o su salud consideradas en su triple dimensión somática, psicológica y social”. 

 

Causas múltiples y complejas
Hace ya diez años, el CMPC reconocía que la violencia sobre los profesionales de la salud respondía a causas múltiples y complejas, en la que las realidades particulares tenían gran incidencia, pero también “una crisis general de los servicios de salud que impacta por igual a países industrializados, como a los subdesarrollados”. Se advertía, además, que “la entrada de la salud al espacio de los mercados, que llevaron a cabo los modelos neoliberales en el mundo, fue impulsada por organismos económicos internacionales, alcanzando una globalización manifiesta”. Líneas más abajo explicaban esta relación, señalando que el auge de los sistemas de gerenciamiento parasitario que tuvieron una validez universal, y se presentaron como recetas infalibles para la solución de la crisis en salud, ya habían comenzado a ejecutarse por los países centrales y que estaba lejos de la realidad. Se mencionaba como ejemplo ilustrativo,  al sistema de salud de los Estados Unidos: “el país más poderoso de la economía capitalista, es expresión cabal de ese enfoque puramente economicista de la atención médica, que deja fuera del sistema a millones de ciudadanos que deben deambular en la asistencia pública”.
Añadían que “estos sistemas produjeron reformas que conllevan al deterioro de las relaciones médico-pacientes; a la subordinación de los criterios médicos a los económicos; a la inestabilidad y los honorarios en el mejor de los casos insuficientes; a la negación práctica de la dignidad profesional; a la triste y frustrante realidad de una medicina para ricos y una medicina para pobres; a la imposición de criterios soliviantados por los negocios de la industria farmacéutica o de tecnología vinculada con la salud”, recriminaban desde la columna, publicada en la revista institucional.
Otra de las causas que se subrayaba, era la ligazón de la violencia con la falta de infraestructuras adecuadas y recursos necesarios. “Es casi lógico que pacientes que tienen que hacer cola desde las cinco de la mañana para pedir un turno, o los que deben esperar de tres a seis meses para ser operados se ponen de malhumor y ante cualquier inconveniente reaccionen de una manera inadecuada”, señalaban. Se dejaba en claro allí que los médicos y enfermeros, lamentablemente, son la cara visible de la falta de políticas justas y dignas a la hora de ejercer y garantizar el derecho a la salud para todos.

La incidencia de las agresiones
¿Cómo incidían las agresiones a los profesionales de la salud? Desde el CMPC, respondían: “afecta la vida laboral y social de los profesionales, incide en la productividad, eficiencia y excelencia organizacional, incluso en los costos de los servicios sanitarios, al adoptarse estrategias de una medicina defensiva, que suele traducirse en el aumento de pruebas complementarias innecesarias, la derivación sistemática a urgencias hospitalarias o a especialistas, la prescripción injustificada de fármacos, la autorización automática del uso de ambulancias o la prolongación de bajas laborales por la simple petición de pacientes exigentes percibidos como peligrosos. También se le suma la pérdida de motivación, el deterioro de la autoestima profesional, y hasta el estrés médico traducido en problemas respiratorios, insomnio, cefaleas, fatiga y demás problemas graves”.
Especialistas en el tema, como Manuel Luis Martí, señalaban en  la nota de Ethica,  que los sistemas de salud vigentes habían transformado al médico “en un engranaje intercambiable con muy pocos derechos y numerosas obligaciones”. Y advertía: “la remuneración que recibimos es inadecuada y escasa, carecemos de tiempo para perfeccionarnos y debemos trabajar horas extras y en distintos sitios para poder sobrevivir y cubrir nuestras necesidades básicas”. 
“La violencia es muy amplia y sutil”, denunciaba por su parte, el psiquiatra Néstor Kodolbsky, al indicar que las indignas condiciones laborales, los sentimientos de amor/odio y prejuicios recibidos de muchos pacientes, más las transferencias emocionales que reciben los profesionales de la salud, tales como la ira, la desconfianza, las presiones y exigencias, confirmaban que los médicos están mucho más expuestos a la violencia social de lo que las encuestas podrían llegar a ratificar.
Años más tarde, el ex presidente del CMPC, Dr. Mario Daniel Fernández, señalaba en una entrevista otorgada a la revista institucional, que la agresión a los profesionales de la salud constituía “un verdadero problema de salud pública”. Y agregaba: “esta realidad, no es solo verificable en nuestro país. En la medida que es consecuencia directa del modelo neoliberal todavía hegemónico en el mundo. Conocemos la dimensión del problema en nuestro país y en nuestra provincia porque es comentario obligado entre colegas, pero todavía no hay datos precisos, porque todavía los médicos tienen el pudor de no denunciarlo”. En este sentido, el Dr. Fernández concluía la entrevista confirmando la elaboración de un Formulario de Denuncia, que facilitara dicha acción y donde el CMPC pudiera tomar medidas concretas y prácticas a la resolución de este conflicto permanente.
Desde la institución se realizaron distintas acciones, tales como la creación de la Comisión de Asuntos Profesionales(2), destinada a analizar el problema y los posibles resguardos, para lo cual se diseñó y ejecutó una encuesta que permitiera realizar un diagnóstico adecuado. Es así que en el año 2014, precisamente en julio, el Consejo de Médicos presentó un sistema de reportes online, de gestión confidencial, disponible en su Página Web, donde los colegas podían denunciar oficialmente las agresiones sufridas en el ejercicio de su trabajo. En menos de un año, 53 médicos escribieron allí las situaciones padecidas con algunos de sus pacientes. El 36% admitían hacer sido insultados y/o amenazados públicamente; un 16% le sumaba difamaciones y un  14%, reconocía además, agresiones físicas.
¿Qué es lo que más provoca enojos en pacientes y familiares? Según el estudio, el malestar por el funcionamiento interno del centro de salud. Así, el 30% de los casos se debieron a personas enojadas con la clínica y/o el hospital. El tiempo de espera para ser atendido representó un 14%. Mientras que las discrepancias por la atención fue del 19% al igual que las discrepancias personales.

Otros resultados arrojados por el instrumento creado por el Consejo, establecieron que el 42% de las agresiones se dieron en instituciones públicas, el 23% en clínicas, 21% en consultorios privados, 10% en ambulancias, un 4% en el domicilio del profesional. 
Apenas el 27% de los casos fueron denunciados y sólo el 32% recibió apoyo de la institución donde trabajaba en el momento del hecho. 

La incorporación de la agresión como falta punible
Un gran avance fue lograr que se incorporara al personal de salud, en la ley 10.326, que originalmente establecía penas a quienes agravien al personal de centros educativos. En nuestra provincia, la Ley de Convivencia Ciudadana contempla multas, trabajo comunitario y hasta tres días de prisión a quienes agravien al personal de centros educativos y de salud. A pesar de ello, la UTS denunció en su momento, que la ley no se cumplía como debía. Por eso mismo, el CMPC colaboró con la Secretaría de Seguridad de la Provincia en la elaboración de protocolos que permitieran la mejor aplicación de la ley en los hospitales públicos. 
Del mismo modo, la institución tomó conciencia de que los médicos agredidos necesitan contención cuando estos hechos suceden y se propuso una tarea orientada a la toma de conciencia del problema, tanto para el personal de salud, como para la sociedad. De este modo se lanzó un alerta, a través de afiches, que se distribuyeron y se distribuyen en todos los hospitales y clínicas de la Provincia, con el lema de “Digamos Basta a la agresión contra los médicos”
La permanente tarea de la institución en generar acciones para prevenir o disminuir la violencia se encontró con datos aún más alarmantes. La mayoría de las agresiones las sufren las médicas y enfermeras, por su condición de mujer y la presunción de los atacantes de que son más débiles y vulnerables. Lo paradójico es que las agresiones son realizadas también mayoritariamente por mujeres.
Otro dato preocupante, fue que en ciertos establecimientos, un 25% de las agresiones se producía entre los propios integrantes de la comunidad hospitalaria. En función de ellos, el Consejo trabajó en dos nuevas propuestas. Por una parte, considerando la vigencia de la Ley provincial 10.543 de Mediación, entendida como un método alternativo de solución no adversarial de conflictos, promover su aplicación en los establecimientos de salud. Para ello propusimos –iniciativa muy bien receptada por parte de las autoridades sanitarias- acordar un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia (que incluye la Dirección de Mediación) y el Consejo de Médicos, para realizar un plan de capacitación en los hospitales y poder así utilizar la mediación para la solución de los conflictos hospitalarios. Y, por otro, la creación de Observatorios de Violencia Hospitalarios, integrado por personal de cada establecimiento de salud, para realizar un estudio más profundo de la situación y poder elaborar programas de prevención y reducción de la violencia, sugerencia que cuenta con el apoyo del propio ministro. En esta tarea, el CMPC está realizando permanentes visitas a hospitales y clínicas y ofrece su experiencia para la capacitación y creación de dichos observatorios.
Los reclamos del Consejo fueron finalmente escuchados. Primero, el año pasado, se incorporó al Código de Convivencia Ciudadana como artículo 40, una clara definición contra la agresión, maltrato o intimidación en dos situaciones: la primera hace referencia a razones de género, etnia, orientación sexual, edad, religión, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condiciones psicofísica, por padecer una enfermedad infectocontagiosa o con motivo de su profesión u oficio; la segunda hace referencia directa a la agresión contra el personal de salud y personal auxiliar, a sus familiares o bienes en el contexto de una emergencia sanitaria o circunstancia extraordinaria. La ordenanza establece sanciones en cada caso.
En el trascurso de este año, la Legislatura de la Provincia de Córdoba modificó dicho Código endureciendo las sanciones. Las penalidades incluyen ahora trabajos comunitarios de hasta 10 días, una multa que hasta fines de 2021 superaría los $30.000 y hasta 3 días de arresto, según el caso, y establece situaciones en las que estas sanciones podrían generar la duplicación de las mismas, cuando se hubiere puesto en juego la integridad física o los bienes de las personas afectadas. El autor del proyecto, el legislador Oscar González, agradeció la participación del Consejo, por su asesoramiento y apoyo en el contenido de la ley.
La violencia hacia el personal de salud, fenómeno que venía creciendo, se agudizó durante esta pandemia de Covid. Según los reportes de agresiones del Consejo, los pedidos de intervención –de profesionales que sufrieron atropellos– aumentaron cerca de un 30 por ciento desde el inicio de la misma”. Muchos médicos sufrieron estigmatizaciones por trabajar en establecimientos donde se trata el covid y, otro tanto, sufrió especies de “linchamientos mediáticos”, solo por estar contagiados.

 

(1). ETHICA 83, julio 2012.

(2). Cambios en la estructura organizativa del CMPC, el tema pasó al Centro de Estudios de Recursos en Salud (CERSA).

Fuente: Libro "60 años - Jirones de una historia para armar" - Pag. 127

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